Resumen: Recurso contra el Real Decreto 958/2020, de 3 de noviembre, de comunicaciones comerciales de las actividades de juego. Elaboración de disposiciones generales: no hay omisión del trámite de audiencia ni de informes preceptos, ni hay insuficiencia de la Memoria de análisis de impacto normativo. Existencia de previsión legal expresa que habilita a la Dirección General de Ordenación del Juego para desarrollar y ejecutar las previsiones de la Ley del juego y del Real Decreto 958/2020. Habilitación para la adopción de disposiciones técnicas que impliquen el desarrollo necesario de sus previsiones; en ese desarrollo técnico se integra la posibilidad de incluir en las comunicaciones comerciales un mensaje relativo a los efectos dañinos derivados del juego. Determinación, en relación con el desarrollo de las condiciones y límites de la actividad promocional a los clientes, de la posibilidad de establecimiento de previsiones que impliquen el desarrollo técnico y concreción de las previsiones que sobre este punto ya se contienen en el art. 13 (salvo los apartados 1 y 3 que se anulan por esta sentencia). Inexistencia de exceso en el hecho de que la autoridad establezca mecanismos para la detección de comportamientos de riesgo y ciertos protocolos para evitarlos. Se anulan los artículos 13 apartados 1 y 3, art. 15, art. 23 apartado 1, art. 25.3, y art. 26 apartados 2 y 3, por falta de proporcionalidad de las limitaciones establecidas o carecer de cobertura legal.
Resumen: Se estima el recurso de casación y anula la sentencia objeto de recurso pues la denegación por la Generalidad de Cataluña de la solicitud presentada se sustentó exclusivamente en la norma que limita las autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor a una de estas por cada treinta autorizaciones de transporte público de viajeros en vehículos de turismo. Esta restricción del número de licencias de VTC solo es ajustada al Derecho europeo en el caso de que concurran imperiosas razones de interés general que la justifiquen, de modo que resulta indiferente que el fundamento jurídico del acto denegatorio fuera el artículo 181 del Reglamento de la LOTT, que era el aplicable por razones temporales, o el artículo 48.3 de la LOTT, que dio rango legal a la limitación incorporándola a su texto mediante el Real Decreto-ley 3/2018, de 20 de abril. Ahora bien, las circunstancias que concurren en el presente asunto hacen que dicha anulación del acto denegatorio no pueda suponer la concesión de las 15 autorizaciones VTC solicitadas por la recurrente y denegadas por la Administración de la Generalidad de Cataluña. Ordena retrotraer el procedimiento, para que la Administración de la Generalidad de Cataluña se pronuncie sobre la solicitud de 15 autorizaciones formalizada el 20 de marzo de 2018 con arreglo a la normativa vigente en su fecha, sin aplicar la limitación numérica 1/30 contemplada en el artículo 181.3 del Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestre
Resumen: La sentencia comienza recordando que el plazo máximo en el que debe notificarse una resolución es el fijado por la normativa reguladora del correspondiente procedimiento, sin que en ningún caso pueda exceder de seis meses, salvo que esté establecido por una norma con rango de ley o venga previsto en el ordenamiento jurídico de la Unión Europea.; y cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen plazo máximo, éste será de seis meses. Los períodos de interrupción justificada y las dilaciones por causa no imputable a la Administración no se incluyuen en el cómputo del plazo de resolución del procedimiento, con independencia de que afecten a todos o alguno de los elementos de las obligaciones tributarias y períodos objeto del procedimiento, considerandose dilaciones en el procedimiento por causa no imputable a la Administración, entre otras, los retrasos por parte del obligado tributario al que se refiera el procedimiento en el cumplimiento de comparecencias o requerimientos de aportación de documentos, antecedentes o información con trascendencia tributaria formulados por la Administración tributaria. La dilación se computa desde el día siguiente al de la fecha fijada para la comparecencia o desde el día siguiente al del fin del plazo concedido para la atención del requerimiento hasta el íntegro cumplimiento de lo solicitado.Pues bien, para el caso, considerando todas las dilaciones no imputables a la Administración actuante, la sentencia aprecia la caducidad.
Resumen: La Inspección consideró que la entidad contribuyente del caso aplicó incorrectamente la renta fiscal a integrar en la base imponible y, por tanto, la cuantificación de los ajustes extracontables para determinar la base imponible, por operaciones a plazo o con precio aplazado, extremos en los que la entidad contribuyente mostró conformidad y no recurrió la posterior liquidación tributaria, desembocándose después en la sanción, impugnada por entenderse que no concurría en el caso el elemento subjetivo de lo injusto.Al respecto, la sentencia comienza recordando que sólo cuando la Administración ha razonado, en términos precisos y suficientes, en qué extremos basa la existencia de culpabilidad, procede exigir al imputado que pruebe la existencia de una causa excluyente de la responsabilidad.Pues bien, en el caso se expone en todo momento una conducta antijurídica y se explica de forma individualizada y con sujeción a la concreta conducta de la demandante su culpabilidad, realizando una descripción específica de la misma, con imputación de una intención consciente, activa,voluntariay con claro intencionalidad de eludir artificialmente sus obligaciones fiscales.Así las cosas, la sentencia concluye que la sanción había sido impuesta adecuadamente,esto es, tras valorar la conducta subjetivamente, ligando causalmente los hechos con la intención y el resultado, explicando detenidamente la causa por la que la entidad contribuyente del caso era merecedora de la sanción que se le imponía
Resumen: En el supuesto que nos ocupa se produce una doble notificación del acuerdo de terminación con liquidación provisional recaída en el expediente nº ILT NUM001, el cual tenía por sujeto pasivo al Sr. Nicolas, una por notificación personal por agente tributario, la cual tuvo lugar en fecha 15 de octubre de 2021, tras haberlo intentado el día 13 de aquel mes y en quien se identifica como su esposa y una notificación posterior, por correo certificado, el 20 de octubre de 2021, tras un primer intento de entrega el día anterior y este realizado personalmente. La ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en su artículo 41.7 : "Cuando el interesado fuera notificado por distintos cauces, se tomará como fecha de notificación la de aquella que se hubiera producido en primer lugar". Por tanto, la reclamación económico administrativa fue extemporánea.
Resumen: No se trata de atribución de bienes indivisibles a participes, con compensación del exceso en dinero al resto y, por tanto, no concurren los requisitos para que se aprecie un exceso de adjudicación del artículo 1062 del Código Civil no sujeto al impuesto, conforme al artículo 7 de la Ley del Impuesto . Tampoco se produce una disolución total de la comunidad de bienes sino una parcial, ya que, si bien salen de esta la recurrente y su esposo, se mantiene y permanecen en condominio los atribuidos a Dña. Rosa, Dña. Salvadora, D. Eusebio y D. Severino, habiendo incrementado los que se le atribuyen a estos con una cuota mayor a las que les correspondía antes de la distribución de los bienes que integraban aquella comunidad de bienes. En consecuencia, no estamos ante la división de la cosa común y la consiguiente adjudicación a cada comunero en proporción a su interés en la comunidad de las partes resultantes o ante el supuesto de indivisibilidad y adjudicación del bien a uno de los comuneros, sino ante una transmisión, modificación o permuta de las cuotas y bienes que pertenecen a cada condómino y, entra en juego lo previsto en el artículo 7.1 a del Real decreto legislativo 1/1993 .
Resumen: El método de estimación indirecta se aplica cuando la Administración tributaria no pueda disponer de los datos necesarios para la determinación completa de la base imponible. Se trata, pues, de un método subsidiario en cuanto que puede ser utilizado en los supuestos en los que la determinación de la base imponible no es posible efectuarla ni directamente ni acudiendo a la estimación objetiva.Dentro de este régimen de estimación la Administración está en situación de acudir a determinados medios de cuantificación caracterizados por permitirle un gran margen de apreciación de datos y antecedentes, así como la utilización de elementos indiciarios. La Administración aplicó adecuadamente el método de estimación indirecta porque en el caso no pudo disponer de los datos necesarios para la determinación completa de la base imponible como consecuencia del incumplimiento sustancial de las obligaciones contables o registrales. Esta circunstancia se da cuando se verifica la incongruencia entre las operaciones contabilizadas o registradas y las que debieran resultar del conjunto de adquisiciones gastos u otros aspectos de la actividad que permite presumir que en los libros o registros existan omisiones. Pues bien, confirmada la liquidación, la sentencia confirma igualmente la sancion impuesta por cuanto que la conducta del obligado tributario fue voluntaria, consciente y premeditada, con el único objetivo de obtener de unos beneficios fiscales que no le correspondían.
Resumen: No concurre caducidad del procedimiento de derivacion puesto que, a pesar de que se anuló y se volvió a comenzar, se dictó la resolución en plazo. No concurre prejudicialidad penal pues se refiere a otra clase de delitos, no referidos a las cuestiones por las que se acuerda la derivación. No se justifica que sea necesario que, previamente la derivación de responsabilidad, se exija que se haya dictado liquidación tributaria. Se desestiman las pretensiones de la parte recurrente pues no consta que haya existido indefensión por la parte recurrente que ha tenido pleno conocimiento de las circunstancias que han dado lugar a la derivación.
Resumen: La ahora recurrente es declarada responsable solidaria de las deudas de la deudora principal dada su participación directa en el control de las sociedades intervinientes en las operaciones y sus vinculaciones personales al situar fuera de alcance de la Administración Tributaria el patrimonio perjudicando con ello créditos públicos. Su intervención supone una colaboración en la transmisión de bienes de NAVIRO en los términos previstos en el artículo 42.2 LGT. La intervención de la declarada responsable en las operaciones de vaciamiento patrimonial de la deudora principal debe ser considerada como de colaboración imprescindible en los términos previstos en el artículo 42.2 LGT a fin de obstaculizar o impedir la acción recaudatoria. Sin su participación en los hechos, los inmuebles seguirían en poder de de la deudora principal, sociedad esta que, pese a su difícil situación financiera, se desprendió de activos inmobiliarios de unos 11 millones de euros y de fácil realización, sustituyéndolos por créditos a largo plazo frente a unas sociedades residenciadas en los Países Bajos. En cuanto a los importes objeto de derivación, resulta que cuando concurren varios obligados tributarios, la exigencia de responsabilidad es responsabilidad solidaria.
Resumen: La superación de la cuantía de un determinado limite en una liquidación tributaria no supone necesariamente la remisión de las actuaciones a la jurisdicción penal. Ni es ese el criterio que cabe inferir de la norma, ni sería prudente someter al administrado a la carga de un proceso penal cuando la propia Administración entendiese que las posibilidades de condena, por diversas razones, serían escasas. Por lo tanto, no se ha violado el principio de ne bis in idem. No se justifica retraso por parte de la Administración que justifique la caducidad pretendida. Se platea la diferente forma de liquidar si la sociedad era patrimonial o no a efectos de la imputación de gastos. Se confirma el criterio de la Administración pues la cuestión es solo una cuestión de prueba y la aportada por la Administración es razonable. Se estima en parte el recurso en relación a unos gastos pues no consta que dichos gastos dependan de una operación fraudulenta y deben estimarse correctamente deducidos.
